En el 2008 hechos importantes vinculados a la situación migratoria, a la de personas descendientes de migrantes y al tema de refugio, provocaron el debate en diferentes esferas públicas. En el primer semestre del año y hasta la toma de posición del presidente re-electo Leonel Fernández, el 16 de agosto, el país estuvo envuelto en el proceso electoral.

En los debates políticos, especialmente en los protagonizados por los candidatos presidenciales de los tres partidos mayoritarios, el tema migratorio estuvo ausente, no sólo en los discursos, sino también en los programas de gobierno presentados. Los líderes políticos sólo resaltaban la temática en sus discursos bajo la promesa de fortalecer la frontera y las fuerzas militares presentes en dicha zona.

Los casos de gripe aviar detectados en el mes de enero en Haití, en aves procedentes de República Dominicana, afectaron las relaciones comerciales entre ambos países en los meses de enero y febrero, tras la prohibición del gobierno haitiano de entrar a su territorio pollos, huevos y embutidos procedentes de República Dominicana.

Esta disposición causante de mucha tensión en la zona fronteriza, afectó la realización, en dos ocasiones, del mercado binacional que tiene lugar en la frontera los lunes y viernes. El 4 de febrero un grupo de comerciantes de la línea noroeste llevaron sus reclamos a las autoridades haitianas y dominicanas, con el objetivo de que éstas se sentaran en la mesa de diálogo y buscaran una salida a la problemática.

Sin embargo, estos hechos, a pesar de que afectan de manera general la vida nacional, no son los más relevantes al momento de analizar la situación migratoria y de refugio en el país, sino que es necesario enfocar la mirada a cuatro problemáticas específicas, que han venido siendo temas de debate. A saber: la problemática de documentación, los conflictos generados en la frontera con las autoridades establecidas en la zona, los actos de violencia entre dominicanos y haitianos y la situación de los trabajadores haitianos. Sobre estos puntos enfocamos nuestra mirada en el 2008.

1. Negación de la Documentación: Una puerta cerrada para el acceso a derechos

El 29 de marzo de 2008 el Presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), mediante la Circular No. 017 prohibió a los Oficiales del Estado Civil expedir Actas de Nacimiento a ciudadanos/as descendientes de extranjeros que nacieran en la República Dominicana y que no hayan probado la residencia o estatus legal de sus padres en el país.

Esta disposición se hizo en franca aplicación retroactiva de la Ley de Migración 285-04, lo cual no sólo invade la esfera del Poder Legislativo, sino también la del Poder Judicial, cuando toca el principio de la irretroactividad de las leyes.

Con esta decisión se ha ignorado que estas personas poseen Cédulas de Identidad y Electoral, han ejercido en múltiples elecciones el Derecho al Voto, han obtenido sus pasaportes dominicanos, han estudiado y ejercido sus profesiones con exequátur, han formado parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y otros actos civiles.

En ese sentido, resulta conveniente citar el Art. 9 de la Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil del 17 de Julio del 1944, que establece la dependencia jerárquica de los Oficiales del Estado Civil, a saber: "Los oficiales del Estado Civil deberán conformarse a las instrucciones que reciban de la Junta Central Electoral y de la Oficina Central del Estado Civil y estarán bajo la inmediata y directa vigilancia de los Procuradores Fiscales”.

Estas disposiciones colocaron en la palestra pública los casos de Nuny Agras y Emildo Bueno, dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les canceló sus Actas de Nacimiento y Cédulas de Identidad y Electoral. Ambas personas llevaron hasta los altos tribunales sus casos, teniendo veredicto a su favor sólo el primer caso.

Esta situación, de negación de documentos, se agudizó en las Oficialías de la Junta Central por la aplicación de la Resolución No. 12, la cual fue avalada por el pleno de la Junta Central Electoral y por un reglamento para la aplicación de la misma. Este documento establece en su numeral 1ero. Que: los oficiales del Estado Civil, inspectores u otros funcionarios que en el ejercicio de sus funciones detecten actas o folios del Registro Civil viciados o instrumentados de manera irregular deben dar inicio al proceso de investigación administrativa previsto en la Resolución citada.

Este proceso investigativo no establece un tiempo de realización, lo que deja en el “limbo” a dominicanos/as de ascendencia haitiana, ya que no son reconocidos como dominicanos/as en República Dominicana, ni como haitianos por el Estado vecino de Haití. Además, muchos de los errores por los cuales estaban siendo revisadas las Actas de Nacimiento respondían a errores, muchas veces cometidos, por los mismos Oficiales Civiles.

En el caso de la población en situación de refugio, la situación se agudiza ya que la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) no sesionó en todo el año, por lo que las solicitudes de refugio no fueron conocidas y por ende las personas que son titulares de las mismas, no tienen un estatus legal aprobado ni para ellos/as mismos/as ni para sus familiares.

2. Situación Fronteriza

La situación del flujo migratorio en la frontera entre Santo Domingo y Haití se caracterizó por los siguientes hechos:

En el mes de enero, como cada año, el Servicio Jesuita Refugiados/as y Migrantes a través de su oficina en Dajabón, Solidaridad Fronteriza, acompaña a un grupo de migrantes haitianos, miembros de la Asociación de Trabajadores Migrantes de la Línea Norte-(ASOMILIN) y que trabajan en las plantaciones agrícolas de la línea noroeste para que viajen a Haití a pasar las navidades con sus familiares.

Posterior a las festividades navideñas, el retorno de los trabajadores migrantes haitianos que fueron a pasar las navidades a Haití, fue impedido por las autoridades de la zona fronteriza, irrespetando los acuerdos que el SJRM, con el aval de la Diócesis Valverde Montecristi, había establecido con las autoridades de migración de la zona.

Este impedimento provocó que los trabajadores estuvieran varados en la puerta de Aduanas por dos días, hasta que el Director de Migración, Carlos Amarante Baret, autorizara al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) para que les permitiera cruzar la frontera a los obreros migrantes, quienes de inmediato se incorporaron a sus labores en las plantaciones agrícolas en la línea noroeste de las provincias de Montecristi y Mao-Valverde.

Desde febrero del 2008 ocurrieron constantes desacuerdos entre el CESFRONT y la Sociedad Civil de Dejaban. Estos desacuerdos estuvieron matizados por las denuncias que el Comité de Defensa y Desarrollo de la Sociedad Civil de Dajabón, al cual Solidaridad Fronteriza-SJRM acompaña desde su inicio y del cual forma parte, hiciera de los maltratos y arbitrariedades que estaban cometiendo los miembros de dicha institución, con migrantes haitianos y, de manera específica, con vendedores del mercado binacional.

Ante este panorama, el periodista Juan Bolívar Díaz fungió como intermediario en las negociaciones del comité y las autoridades del CESFRONT, llegando al acuerdo, en el mes de junio, de establecer una agenda con 14 puntos, los cuales serían trabajados de manera mancomunada durante todo el año. Entre los puntos acordados se resaltan los siguientes:

Reactivación de la Comisión Mixta Bilateral.

Respeto a los derechos de los migrantes y sus descendientes.

Monitorear, por parte de la Sociedad Civil, que los agentes del CESFRONT respeten y no agredan a los/as ciudadanos/as haitianos/as.

Estos acuerdos han sido monitoreados por el Comité Defensa y Desarrollo de la Sociedad Civil, pero el nivel de realización de los mismos ha sido mínimo.

En otro orden, en lo que respecta a la frontera sur, el 21 de septiembre, las Fuerzas Armadas iniciaron la llamada "Operación Gavión", una especie de máxima alerta, a todo lo largo y ancho de la frontera domínico haitiana. Esta medida se adoptó como prevención ante un posible éxodo masivo de haitianos hacia territorio dominicano, debido a la falta de alimento y servicios de salud en ese país, tras el paso de las tormentas tropicales Fay, Gustav, Hanna e Ike.

Estas tormentas ocasionaron inundaciones, más de 400 personas murieron y, prácticamente, destruyeron no sólo gran parte de las infraestructuras de riego, sino también la poca agricultura existente en Haití.

Estas medidas no sólo se concentraron en la zona fronteriza, sino que también fueron instalados copiosos puestos de chequeo desde Elías Piña hasta San Juan y el kilómetro 25, carretera San Juan-Azua. Estos puestos estaban a cargo de miembros de la J-2 del Ejercito Nacional y del (CESFRONT).

Otras de las medidas asumidas por el CESFRONT, el 4 de noviembre, fue la instalación de equipos biométricos para la lectura de huellas digitales y de iris, con los que se busca fortalecer la vigilancia de la frontera.

Estos equipos, cuyo fin es vigilar la frontera enfrentando el contrabando de mercancías, armas de fuego y el tráfico de drogas y de personas, así como el entrenamiento del personal, fueron financiados por la Oficina de Seguridad y Protección del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Hasta ahora, la funcionalidad de estos equipos es desconocida ya que se continúa con el tráfico de migrantes.

3. Actos de Violencia con población migrante.

En diferentes localidades en todo el territorio nacional, han ocurrido altercados entre población migrante haitiana y población dominicana, caracterizados por los actos de violencia y persecución a poblados de migrantes haitianos, sólo por el hecho de ser compueblano de la persona que causó algún hecho o del que simplemente se sospecha, lo causó.

En el segundo semestre estos hechos cobraron un matiz importante ya que a diferencia de otros que se dan en la cotidianidad y no trascienden más allá de las comunidades, éstos se caracterizaron por tener repercusión nacional y suceder en poco tiempo.

El primero de estos sucesos fue el acontecido en la provincia de Neyba el 27 de Octubre de 2008, tras ser encontrado muerto el motoconchista Julio Cesar Díaz Pérez en la carretera que conduce a Duvergé.

El asesinato fue atribuido a un haitiano quien fue visto por los compañeros del occiso. En tanto que, al percatarse devlo ocurrido un grupo de neiberos, en venganza, golpearon a varios haitianos y obligaron a otros a huir de la comunidad o a refugiarse en un centro militar.

Posteriormente se informó que el móvil del crimen fue despojar a la victima de su motocicleta y que su agresor huyó con la misma sin que aun se haya dado con su paradero.

De la indiscriminada agresión resultó muerto un haitiano, Manuel Jenis de 21 años, quien falleció mientras recibía atención en un hospital; por otro lado, Solano Méndez Pérez, de 28 años, fue encontrado muerto a machetazo nueve ciudadanos haitianos más, cuyas edades oscilaban entre 19 y 33 años, resultaron heridos.

Casi de forma simultánea, en la comunidad de Guayubín, provincia Montecristy, turbas de dominicanos portando armas de fuego, machetes y palos, quemaron 29 de viviendas de haitianos en venganza por la muerte de un dominicano, supuestamente a manos de un inmigrante. Decenas de haitianos, incluyendo niños, huyeron despavoridos de dicho lugar y se refugiaron en sitios desconocidos para evitar ser agredidos, mientras que otros han sido repatriados/as a su país. Otra medida violatoria de los derechos de las personas migrantes, específicamente el derecho de libre asociación, fue que las autoridades municipales impidieron la construcción de un Centro Comunal de servicios en la Comunidad de Juan Gómez, receptora obrero/as migrantes, alegando que los inmigrantes irregulares no tienen derecho reunirse.

4. Condiciones Laborales de la Mano de Obra Haitiana.

Las condiciones en las que trabaja la población haitiana en el país son cada vez más deplorables. La falta de documentación de estos ciudadanos los pone en situación de vulnerabilidad de cara al respeto de los derechos como trabajadores migrantes.

Durante el año 2008, los medios de comunicación escritos reportaron accidentes laborales lamentables, de unos 7 trabajadores de la construcción de origen haitiano, los cuales fueron ingresados en centros de salud públicos, sin que los empleadores asumieran su responsabilidad, aún cuando estaban infringiendo las normas de protección que exige el Código de Trabajo del país.

Los trabajadores/as de las plantaciones agrícolas iniciaron el año 2009, como se describió anteriormente, con la limitante de reintegrarse a sus puestos de trabajo, luego de pasar las navidades en Haití. Esta población, necesaria para seguir impulsando el sector agrícola en la frontera norte, se vio afectada por redadas realizadas por las autoridades migratorias, ya que los mismos eran repatriados a Haití, sin que se les reconocieran los años de residencia en el país.

Con relación a los casos de violencia escenificados en diferentes zonas y que fueron descritos anteriormente, estos trabajadores también se vieron afectados ya que las medidas asumidas por las autoridades eran la de repatriación y comunidades enteras para evitar que los actos de violencia continuaran.

Uno de los hechos más importantes sobre esta temática fue la sentencia emitida el 6 de noviembre por la 1era. Sala del Juzgado Laboral de San Pedro de Macorís, que reconoce los derechos de los trabajadores migrantes y constituye un hito sin precedentes en la historia de la jurisprudencia dominicana.

Durante 10 años, más de 500 trabajadores dedicados al corte y tiro de la caña y otras labores en el ingenio Cristóbal Colón, demandaron que sus contratos fueran formalizados por escrito y se ajustasen al Código Laboral, que se les reconociera el tiempo que cada trabajador tenía en la empresa, monto del salario que devengaba, salario de navidad, bonificaciones y seguro de salud. El ingenio les negaba estos derechos alegando que entre él y los trabajadores sólo había una relación esporádica. Pero la sentencia establece que la relación es permanente, como demuestra –entre muchas otras pruebas- que algunos trabajadores laboraban en la empresa desde 1959.

El caso del ingenio Cristóbal Colón, llevado por los abogados de Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones (CEDAIL), refleja una situación generalizada entre los trabajadores migrantes en el país que, por no contar con un contrato de trabajo escrito que les garantice condiciones de trabajo dignas, son vulnerados en sus derechos, como jornadas limitadas, descanso semanal, vacaciones pagadas y participación en los beneficios de la empresa.

A partir de este referente los trabajadores migrantes pueden exigir, ahora con más perspectiva de éxito, a sus empleadores, la formalización de sus contratos de trabajo por escrito, de modo que queden garantizados sus derechos laborales.

La situación migratoria en el país provocó que otras instituciones, además del SJRM, se pronunciaran sobre el tema. Uno de estos sectores fue el de las empresas privadas, en este sentido, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), presentó a la opinión pública, el 1ero. de septiembre, sus posturas sobre la situación de los migrantes haitianos y sus descendientes.

En el documento el CONEP expresa que como país se hace urgente contar con una política migratoria integral, la cual debe ser asumida como una prioridad por la agenda estatal. Así mismo invitó a la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral y a que la misma desarrolle acciones concretas que sean asumidas por ambas naciones.

En otro orden, el Senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, Francisco Domínguez Brito, llamó la atención a las autoridades de la Junta Central Electoral para que se cumpliera la Ley de Amnistía de declaraciones tardías, elaborada por él y aprobada por el Congreso de la República en el 2004.

Este reclamo se hizo a la luz de las situaciones surgidas a partir de las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE) con relación a la declaración de extranjeros/as. Sin embargo, la aplicación de esta amnistía no ha sido asumida por las autoridades de las Oficialías.

El senador también se pronunció en rechazo de los actos de violencia acaecidos en Neyba y Guayubín e invitó a la comunidad dominicana a no replicar actos como estos en otras localidades a nivel nacional.

Por su parte, el periodista Juan Bolívar Díaz, se pronunció en varias ocasiones, en contra de las disposiciones de la JCE, considerando que medidas como estás estaban causando lo que se denominó un genocidio civil, ya que se estaba dejando en condición de muertos civiles a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

Esta mirada del 2008 nos muestra un panorama de dificultades y, si se quiere, en escala de grises. Sin embargo, lejos de frenar los procesos, estos antecedentes nos invitan a pintar de colores el 2009, a seguir trabajando por la población migrante a favor de que la misma tenga garantía de sus derechos.

Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes (SJRM)

Santo Domingo, República Dominicana

Febrero 2009

Servicio Jesuita Dominicana // Santiago // Dajabón